Venezuela, un país criticado en Occidente y tachado de “pobre” y con un gobierno “dictatorial” (aunque realmente es una falacia) resulta que da clases al gobierno español en cuanto a la implantación de Software Libre en las Instituciones del Estado. Hasta de los hijos debe aprender la madre (patria).

Los programas de código abierto suponen entre el 40 y el 45 por ciento del software instalado en la administración pública de Venezuela.
De acuerdo a lo expresado por la ministra de Telecomunicaciones e Informática, Socorro Hernández, el software libre representa entre el 40 y el 45% del total de programas informáticos utilizados en la administración pública venezolana. De todas formas, la funcionaria aclaró que dicho porcentaje es inferior al previsto por los planes iniciales.

Según explicó a El Universal, se han organizado mesas de trabajo con empresarios del sector privado, con el objetivo de crear plataformas y aplicaciones desarrolladas en forma local que permitan que el ciudadano “pueda acercarse cada día más a las instituciones”.

Hernández señaló que el Gobierno, con la colaboración del Centro Nacional de Tecnologías de la Información (CNTI), pretende promover el software libre para difundir la tecnología al menor coste posible.

El presidente del CNTI, Carlos Figueira, aseguró por su parte que el 60% de la administración pública centralizada ya ha migrado hacia el software libre. “Hay un cambio cultural que debemos superar”, señaló Figueira al referirse a los usuarios que aún se oponen a la instalación de este tipo de software.

Fuente

Buscan un plan para castigar las descargas ilegales

La Coalición de Creadores e Industria de Contenidos mantiene conversaciones con las empresas proveedoras de Internet en España para implantar un modelo similar al adoptado por Francia o Reino Unido con el que penalizar el acceso de los usuarios a páginas web desde las que puedan realizarse descargas ilegales.

“Llevamos tiempo hablando con las operadoras y están siendo receptivas, comprenden nuestro problema y entienden que algo hay que hacer porque la situación actual no se puede prorrogar mucho más”, reconoce el director de Relaciones Institucionales de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Pedro Farré, como representante de la citada Coalición, creada en junio.

Farré explica que el modelo a imitar es el de los “tres avisos” (”three strikes”) puesto en marcha en Francia y Reino Unido, y que consiste en advertir al usuario cuando realice una descarga ilegal hasta llegar al tercer aviso, momento en el que se penaliza al infractor.

Concretamente, en Francia se pretende implantar una ley que castiga estos hechos con la suspensión durante un año de la conexión a Internet, mientras que en el Reino Unido se ha optado por bajar la velocidad hasta un punto que impida la descarga.

Farré afirma que espera llegar a un acuerdo “durante los próximos meses” y que el objetivo ahora es “implicar al Gobierno en estas conversaciones para que esto se convierta en ley y no sea sólo un pacto entre empresas”.

“España es uno de los países con tasas de piratería más altas del mundo y, de hecho, hemos sido incorporados a una lista realizada por EEUU con los Estados que no respetan los derechos de propiedad intelectual”, lamenta.

La Coalición de Creadores e Industria de Contenidos está integrada por entidades como la SGAE, Promusicae y la Federación para la Defensa de la Propiedad Intelectual (FAP).

El representante de la Coalición prefiere no revelar ningún detalle de los “avances” alcanzados en la negociación con las operadoras y expresa su esperanza en que ese posible acuerdo “permita erradicar la piratería en Internet”.

Sobre la posibilidad de denunciar individualmente a los usuarios que descargan de forma ilícita material de la red, Farré admite que “se ha valorado” y que por el momento prefieren “hacer pedagogía”, aunque “si la situación de falta de compromiso continúa” podrían llegar a “recurrir a la Justicia”.

“La sociedad española ha practicado la demagogia con los derechos de autor, a diferencia de otros países de nuestro entorno, ya que aquí no se entiende por qué hay que proteger los derechos de los trabajadores de la cultura”, insiste.

El problema radica, según el dirigente de la SGAE, en que “la cultura no puede ser gratis, ya que es un bien que se transmite previo pago porque detrás de su construcción se encuentra el esfuerzo y el talento de una persona”.

Sobre la puesta en marcha del llamado “Plan Antipiratería” por parte del Gobierno, señala que esta iniciativa “reveló una actitud muy positiva, pero que al final no va más allá de las intenciones y las palabras”.

Farré defiende la necesidad de proteger los derechos de autor: “No se venden discos en las tiendas porque los más jóvenes se los descargan por Internet, lo mismo que pasa con los DVD de las películas o la asistencia a los cines, que ha caído de forma dramática”.

La Coalición de Creadores e Industria de Contenidos está integrada por entidades como la SGAE, Promusicae y la Federación para la Defensa de la Propiedad Intelectual (FAP), con el objetivo de luchar contra la piratería digital y sensibilizar a la sociedad sobre sus consecuencias.

Visto en Terra

Yo pienso que si éstos de las coaliciones mafiosas se salen con la suya y consiguen acabar con el intercambio de descargas, debemos tener claras unas cosas. Al menos yo las tengo.

1. EXIGIR  al Gobierno que muera el canon, y si se niega, dar pelea en la calle y negarnos a pagar el resto de impuestos.
2. Darnos de baja de Internet (aunque sea un par de meses, es la quiebra de las operadoras) y promover que no se compre material a los afiliados a la mafia, obligándoles a comer lo que se merecen, osea, la misma mierda que producen.
3. Solicitar que nos sea devuelto el importe que hemos pagado por la LPI, al comprar productos grabados, con facturas en la mano.
4. Pedir al Gobierno que si una coma de nuestra Constitución es alterada por ellos y por la mafia con la ayuda de las operadoras, esa Constitución sea tirada a la basura.
5. Solicitar un listado de los socios de la SGAE y otras bandas similares para saber a quienes hemos estado pagando con nuestros impuestos y para que se atengan a las consecuencias de las tormentas que han y estan sembrando,  porque van a recoger TEMPESTADES.

Hoy me aburría un poco y decidí crear algo que pueda servir de utilidad a algunas personas que quieren llevar un control de su personal. Es una base de datos hecha con la herramienta de Openoffice, Base.

Básicamente Datos Personales.odb está diseñado bajo la Tabla “usuarios” y sobre ella he integrado un formulario donde ingresar, modificar o borrar datos.
Puede resultar útil en pequeñas o medianas empresas donde disponen de personal laboral en cantidad considerable, o pequeños autónomos que tienen que llevar un control de sus débitos.
También, modificando conceptos, puede usarse como un control variado de lo que desees.

Puedes descargalo de aquí:

laboral.odb